COVID 19. EL PODER LEGISLATIVO DEBE SEGUIR FUNCIONANDO

por DANIEL SABSAY.

El autor es profesor titular y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional de la UBA

Este artículo fue editado por cuestiones de espacio. Ver completo:

https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/el-poder-legislativo-debe-seguir-funcionando-nid2352468

La Argentina atraviesa una situación de emergencia generada por la pandemia del nuevo coronavirus . Por lo tanto consideramos constitucional la decisión tomada por el Presidente a través de un decreto de necesidad y urgencia que estableció una cuarentena en todo el país a fin de ralentizar la expansión de la pandemia y así evitar la saturación de nuestro sistema de salud. El decreto se ajusta al marco que establece el artículo 99, inciso 3, para la toma de estas decisiones. En efecto, ya que si bien la Constitución determina que “el poder ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insalvable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, sin embargo, a continuación establece que ello le está permitido, “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes.”.

No cabe duda de que existió el presupuesto fáctico mencionado que habilitó al Presidente para dictar el decreto de necesidad y urgencia 260/20. Ello así Preocupa la continuación de su invocación para el dictado de otros decretos de la misma naturaleza, en tanto importa la normalización del ejercicio de facultades legislativas por parte del Presidente. Todo acto que afecte derechos fundamentales requiere de la sanción de una ley, es decir, de una decisión del Congreso de la Nación .

Cómo es posible que los legisladores se refugien en la emergencia para mantener la labor legislativa congelada . Esta comprende a todos los poderes máxime cuando se trata de resolver problemas urgentes. Precisamente es la excepcionalidad la que los obliga a sesionar removiendo todos los obstáculos que lo impidan.

Lo preocupante para el Estado de Derecho es que se produce su debilitamiento cada vez que se invoca la emergencia, en tanto que ello importa fuertes restricciones a los derechos consagrados en la Constitución en aras de hacer frente a esa situación de carácter extraordinario. Sin embargo, resulta sorprendente la recurrencia del fenómeno en la realidad argentina, el cual aparece como sustento de toda clase de apartamiento de las reglas constitucionales, a punto tal que se encontrarían en pugna dos constituciones en nuestro país: una para tiempos normales y otra para las emergencias. A esta situación han contribuido múltiples factores, entre los que se destacan una cultura -en particular de parte de los gobernantes- muy poco afecta al principio de imperio de la ley, el sobredimensionamiento del orden y de la eficacia, y la afirmación de la necesidad de apartarse de las formalidades contempladas en la Constitución y en las leyes para lograr aquellos objetivos, la falta de efectiva vigencia en el tiempo del principio de separación de poderes en la historia constitucional argentina.———————-

Frente a este estado de cosas, poco a poco se han ido erosionando muchos de los elementos del Estado de Derecho y han fracasado los controles previstos para evitar este tipo de desviación. De este modo, se contribuye al debilitamiento del sistema democrático en su conjunto y al aumento del descreimiento de los ciudadanos en las bondades de un sistema que proclama la plena vigencia de las nociones de poder limitado y del reconocimiento de los derechos humanos.——————

El argumento que se invoca para no reunir al Congreso se funda en la necesidad de modificar el reglamento de las cámaras de modo de posibilitar que las sesiones se lleven a cabo a través de alguna modalidad no presencial. Dicha enmienda requeriría de una sesión presencial. Este razonamiento no parece válido, pues desconoce, precisamente, la emergencia. Ante circunstancias excepcionales, como decíamos más arriba, son necesarios remedios también excepcionales para evitar que se dañe el interés general. Entonces, cabe remover cuestiones procedimentales que impiden el normal funcionamiento del órgano legislativo con el riesgo de afectar derechos fundamentales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *